Una ley que nadie ve: la epidemia del vapeo y la indiferencia que la sostiene

En la Ciudad de Buenos Aires, el vape dejó de ser una novedad para convertirse en una tendencia, algo cotidiano. Aparece en plazas, en baños de colegios, en boliches, en las manos de menores de edad que todavía tienen una vida por delante. Las cifras exponen una preocupante adicción en crecimiento: en 2018, el 7% de los estudiantes secundarios porteños consumía cigarrillos electrónicos; en 2023, ya era casi el 9% y un 47,7% aseguraba que estaba dispuesto a probarlos. Lo más inquietante no es solo el aumento, sino la velocidad con la que esta moda se volvió parte del día a día. Sabores tentadores, nombres ridículos, envases llamativos y promesas de inocuidad aparecen a diario en kioscos o por redes sociales. Lo prohibido dejó de esconderse: se volvió normal. Una epidemia silenciosa que crece a la vista de todos, cómplice de quienes conocen sus peligrosas consecuencias y no actúan.

Hoy en día, llegar a un vape es tan simple que parece un gesto sin consecuencias: una pregunta breve, un cajón que se abre, un billete que cambia de manos. No se pide DNI, no se plantea una duda, no se menciona qué hay dentro de ese tubo colorido que promete sabor a "mango twist" o "tutti frutti". Los adolescentes creen que están inhalando un vapor inofensivo, simplemente humo saborizado. Esa ligereza es la que abre la puerta a un daño que avanza sin ruido, el mismo daño que el Estado intentó frenar cuando prohibió su venta. Lo frágil de esa prohibición se evidencia cuando, en la práctica, el producto se consigue sin incurrencias.

Según la American Lung Association, un cigarrillo electrónico no emite "vapor", sino un aerosol químico que surge al calentar el líquido del dispositivo. Ese aerosol puede contener nicotina, metales pesados como níquel, estaño y plomo, y una gran variedad de saborizantes químicos diseñados para imitar frutas, golosinas o bebidas. Aunque parezcan inofensivos, muchos de estos saborizantes contienen sustancias como diacetilo, un compuesto asociado a bronquiolitis obliterante, una enfermedad que cicatriza y estrecha las vías respiratorias. La bioquímica entrevistada señaló que, en un mercado donde casi nada está declarado ni controlado, no existe forma de saber qué mezcla específica está inhalando un chico. Esa falta total de información vuelve cada inhalación un acto a ciegas.

El CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la autoridad sanitaria más importante del país en investigación de salud pública) señala que incluso los productos etiquetados como "0% nicotina" muchas veces sí contienen nicotina, porque fabricantes no regulados la agregan para generar dependencia temprana. El artículo detalla que la nicotina interfiere directamente en el desarrollo cerebral de personas menores de 25 años, afectando áreas vinculadas a memoria, concentración y regulación emocional. También advierten que el calentamiento del dispositivo puede crear nuevos químicos tóxicos que no estaban en el líquido original. La bioquímica explicó que este proceso puede desprender cadmio, sobre todo en dispositivos de baja calidad o falsificados. Como no tiene olor ni sabor y no existe trazabilidad en el mercado ilegal, el consumidor no tiene forma de saber si lo está inhalando. El cadmio, al acumularse en los pulmones y riñones, está asociado a daño respiratorio, inflamación crónica y mayor riesgo de enfermedades graves. "Esa incertidumbre es lo más peligroso: puede causar daño ahora o años más adelante", advirtió.

La American Lung Association advierte también sobre EVALI, una lesión pulmonar grave asociada al vapeo que dejó cientos de internaciones en Estados Unidos, demostrando cuán vulnerable es el sistema respiratorio ante aerosoles químicos no regulados. La neumonóloga entrevistada lo ve todos los días: adolescentes que llegan con inflamación pulmonar, tos persistente, irritación bronquial o sensación de ahogo, sin antecedentes respiratorios previos. Cuando indaga, casi siempre aparece el vapeo.

Los riesgos para la salud conviven con una normativa argentina que, en los papeles, es contundente y específica. Desde 2011, la ANMAT dispuso la prohibición de importar, distribuir, comercializar y publicitar cigarrillos electrónicos y todos sus accesorios. La resolución abarca tanto los dispositivos como los líquidos y los cartuchos, e incluye su venta en kioscos, tiendas físicas y plataformas digitales. En la Ciudad de Buenos Aires, la prohibición nacional rige de igual manera: el vapeo no está autorizado como producto de consumo y no puede ofrecerse al público bajo ninguna modalidad.

El Ministerio de Salud, en línea con la ANMAT, reforzó esta postura en sucesivas comunicaciones oficiales, recordando que los cigarrillos electrónicos no están aprobados como productos aptos para la salud, ni como métodos para dejar de fumar, ni como alternativas seguras al tabaco.

La escena en los comercios barriales muestra un panorama muy distinto al que plantean las normativas. Un kiosquero de Belgrano nos contó que vende vapes todos los días y sin ningún problema, y que en dos años solo recibió un único control. No fue de la ANMAT, ni del Ministerio de Salud, ni del municipio: fue de Aduana, que simplemente le pidió que "los escondiera un poco". Asegura que nunca le pidieron retirar la mercadería ni le aplicaron una sanción. "Si no los vendo yo, los vende el de la otra cuadra". Su testimonio resume lo que cualquier adolescente percibe: que conseguir un vape es tan fácil como comprar un paquete de caramelos.

El abogado, Federico Guntin, confirma esta desconexión entre la normativa y lo que sucede en la vida real. Explica que ANMAT, los municipios y las provincias tienen facultad para intervenir, y que cualquier ciudadano puede denunciar, pero advierte que la maquinaria institucional "solo se mueve cuando el tema se vuelve de interés social o cuando el sistema no está completamente saturado". Su conclusión es tan contundente como inevitable: "Hasta que eso no pase, nada va a cambiar".

Vacío regulatorio: La brecha entre la ley y la fiscalización

En Argentina, el cigarrillo electrónico se mueve en un terreno ambiguo: legalmente prohibido, pero socialmente disponible, sostenido por un vacío regulatorio que se profundiza año a año. Aunque la disposición 3226/2011 de la ANMAT prohíbe la importación, distribución, comercialización y publicidad de vapes. Aun así, el comercio clandestino persiste. lo cierto es que en trece años no se generó una política pública consistente ni un sistema de fiscalización real. Desde el Estado, el interés político ha sido escaso: el Gobierno de la Salud publicó apenas dos informes sobre el tema, uno en 2019 y uno en 2022. Sin actualizaciones posteriores, se refleja una expansión masiva del mercado ilegal en la última década. La ausencia de datos oficiales recientes reproduce un escenario de ceguera institucional, donde el fenómeno crece sin mediciones ni intervenciones estructurales.

El contraste entre la prohibición y su implementación es evidente: no hay documentación pública que pruebe operativos sistemáticos, controles regulares, ni sanciones efectivas. Los pocos controles visibles incluyen: un allanamiento realizado hace 11 años en la frontera uruguaya y otro realizado en el barrio de Balvanera, hechos aislados que quedaron como las pocas señales formales de acción estatal. Mientras tanto, países como México avanzaron en sentido opuesto: desde 2022 endurecieron las penas y contemplan hasta 8 años de cárcel para quienes vendan, distribuyan o promocionen cigarrillos electrónicos, incluso para influencers. La diferencia evidencia cómo Argentina se encuentra en un extremo de permisividad que habilita el crecimiento de un mercado clandestino sin frenos.

Este vacío regulatorio también se refleja en la frontera. Un funcionario de Aduana, que prefirió mantener su identidad anónima, aseguró a este medio que la entrada masiva de vapes al país se sostiene gracias a un circuito informal que opera bajo mecanismos de corrupción estructural. Según su testimonio, el ingreso se realiza mediante coimas y declaraciones falsas: "Ofreces un porcentaje por cada contenedor o bulto. Declaras sillas, accesorios plásticos, cualquier cosa que pase sin inspección", explicó. Una vez liberada la carga, la mercadería ingresa sin revisión y se distribuye con rapidez por mayoristas informales. Esta dinámica, señala, está tan instalada que resulta prácticamente imposible interrumpirla sin una voluntad política decidida. Incluso expresó un miedo hacia el "círculo cerrado" de la aduana.

A falta de controles oficiales, el mercado se reorganiza en torno a kioscos, revendedores informales y redes sociales, sin facturación, sin trazabilidad y sin límites de edad. No existe un sistema de inspección que permita verificar puntos de venta, ni un registro de infracciones, ni mecanismos de seguimiento para sancionar reincidencias. A diferencia del tabaco tradicional, el vapeo circula en una tierra de nadie normativa. La ANMAT es la única entidad que figura como autoridad en la materia, pero no cuenta con estructura territorial propia para fiscalizar comercios, por lo que la ley queda reducida a un texto normativo sin capacidad operativa.

Los testimonios recogidos en esta investigación lo confirman: Benjamín González, entrevistado para este trabajo, relató que vendía vapes "solo por Instagram", coordinando entregas sin pedir DNI y sin ningún tipo de control, un ejemplo claro de cómo la ilegalidad se sostiene gracias a la facilidad de acceso digital. Esta situación también fue señalada en un proyecto legislativo presentado por la diputada Alejandra Lordén, donde advierte que, "a pesar de la prohibición, los canales informales e ilegales facilitan su acceso entre jóvenes", evidenciando que la normativa actual no solo es insuficiente, sino que además se encuentra desconectada de la realidad cotidiana del consumo.

¿Por qué no se denuncia?: La criminalización social del consumidor

El desinterés colectivo es el combustible del problema. En un país sobrecargado de urgencias, el vapeo parece una preocupación menor. "La Justicia no va a actuar hasta que socialmente nos importe", sintetizó el abogado Federico Guntin. Y hoy, la sociedad no reclama.

La denuncia no aparece porque nadie siente que deba hacerla. El vapeo se volvió parte de una costumbre: padres que lo minimizan o ignoran, kiosqueros que lo tratan como un producto más en tendencia y adolescentes que lo integran a su día a día como si fuera un accesorio. Señalarlo parece exagerado, casi fuera de lugar. En una sociedad, donde la opinión pública es tan relevante, nadie quiere cargar con la idea de estar dramatizando un problema que el propio entorno trivializa. Mientras tanto, los sabores se multiplican, los modelos se renuevan, la tecnología avanza y la regulación retrocede: un contraste que apaga cualquier impulso de advertir o intervenir. Una normalidad que pasa desapercibida.

Sin denuncias ni presión pública, las instituciones no priorizan el tema. Los kiosqueros siguen vendiendo, las redes siguen publicitando y los jóvenes siguen inhalando. Lo "no prioritario" también mata: los costos se pagan en salud pública, en internaciones y en un sistema colapsado que reacciona cuando ya es tarde.

El silencio, en este caso, no es neutral: es cómplice. Y cada día que pasa sin control, otro pulmón adolescente se llena de humo con el sello invisible del Estado ausente.

Consecuencias a largo plazo: ¿y ahora qué?

Aunque en Argentina todavía no hay estudios locales amplios sobre los efectos a largo plazo del vapeo, la experiencia internacional funciona como un espejo inquietante. En Estados Unidos ya aparecieron adultos jóvenes, de 25 o 26 años, con pulmones que parecen los de fumadores de larga data, con cicatrices internas que no tenían a los 18. Los médicos llaman a esto "daño silencioso acumulativo": el cuerpo aguanta, aguanta, aguanta… hasta que un día deja de hacerlo. Y si allá (donde hay estudios, clínicas especializadas y campañas de prevención) ya lo ven, ¿qué podrá pasar en Buenos Aires, donde la mayoría de los chicos ni siquiera sabe qué está inhalando?

Un estudio longitudinal del National Institutes of Health mostró que muchos jóvenes vapeadores presentan, años después, signos de envejecimiento acelerado de las vías respiratorias: menos capacidad pulmonar, más episodios de falta de aire, más infecciones y una recuperación mucho más lenta ante cuadros virales. Los neumonólogos lo explican así: "No hace falta llegar al cáncer. Con que un chico de 15 llegue a los 28 respirando como alguien de 60, ya perdimos". No se trata solo de "qué pasa si vapeas mucho"; se trata de cómo queda tu salud para el resto de tu vida.

En clínicas de Boston, Ontario y Manchester ya hay testimonios de jóvenes que, después de años de vapeo, no pueden subir una escalera sin quedarse sin aire. Otros tuvieron que abandonar deportes porque sus pulmones no responden igual. Y están los casos más duros: chicos de 19 o 20 que quedaron con daño pulmonar permanente tras una infección simple, porque el vapeo había debilitado su capacidad de defensa. Historias que se cuentan como advertencias, pero que no se escuchan.

Más allá del daño físico, hay un efecto que especialistas en conducta y adicciones ya empiezan a observar en otros países: una generación que crece atada a un dispositivo. El vapeo no solo modifica pulmones o neuronas; modifica rutinas, hábitos, forma de concentrarse y manera de enfrentar el estrés. Jóvenes que no pueden estudiar sin dar una pitada cada diez minutos, que no soportan un viaje en subte sin calmar la ansiedad con nicotina, que interrumpen entrenamientos, salidas o clases para "recargar". En Estados Unidos y Canadá hablan de "la generación que no puede estar consigo misma", porque su regulación emocional quedó asociada a un aerosol químico. Si ese patrón se instala también en Buenos Aires, la consecuencia no será solo médica: será cultural. Una adultez que empieza dependiendo de algo para atravesar lo cotidiano, una sensación de vacío cada vez que falta el dispositivo y una vida moldeada por un hábito que, lejos de liberar, termina ocupando cada espacio del día.